Vehículos al final de su vida útil y neumáticos fuera de uso

Se entiende por automóvil todo vehículo a motor concebido y fabricado principalmente para el transporte de personas y su equipaje que tenga, como máximo, ocho plazas de asiento, además de la del conductor (categoría M1); el vehículo de motor concebido y fabricado principalmente para el transporte de mercancías cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas (categoría N1); y el vehículo con tres ruedas simétricas y con un motor cuya cilindrada sea superior a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h, con exclusión de los ciclomotores. 

Todo automóvil al que le es de aplicación la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El automóvil al final de su vida útil tendrá la consideración de residuo a partir del momento en que se cumplan las dos condiciones siguientes: que un CAT haya emitido el Certificado de Destrucción y que el automóvil se halle en el recinto del CAT que ha emitido el certificado de destrucción.

Tendrán asimismo la consideración de residuo doméstico los automóviles abandonados según lo establecido en el artículo 2.at de la Ley 7/2022, así como los sometidos a operaciones de descontaminación, separación de componentes, partes o piezas de los mismos en lugares distintos a los CAT o las sometidas a operaciones de fragmentación o cizallamiento en lugares distintos de las instalaciones de fragmentación.

Todo medio de transporte autopropulsado, que incorpore al menos dos ruedas, ya sea completo, completado o incompleto, y con una velocidad máxima de diseño superior a 25 km/h, susceptible de ser matriculado ante la Dirección General de Tráfico.

Todo vehículo al que le es de aplicación la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El vehículo al final de su vida útil tendrá la consideración de residuo a partir del momento en que se cumplan las dos condiciones siguientes: Que un CAT haya emitido el certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental del vehículo, y que el vehículo se halle en el recinto del CAT que ha emitido el certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental del vehículo.

Tendrán asimismo la consideración de residuo los vehículos abandonados, así como los sometidos a operaciones de descontaminación, separación de componentes, partes o piezas de los mismos en lugares distintos a los CAT o las sometidas a operaciones de fragmentación o cizallamiento en lugares distintos de las instalaciones de fragmentación.

Además de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la principal norma específica que regula la gestión de los VFVU es el Real Decreto 265/2021 sobre los vehículos al final de su vida útil, que incorpora la Directiva 2000/53/CE. Esta normativa establece medidas para la prevención de la generación de residuos y para la recogida, la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los VFVU, incluidos sus componentes, para así reducir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección de la salud humana y del medio ambiente a lo largo del ciclo de vida de los vehículos.

Además, resultan de aplicación otros flujos de residuos procedentes de componentes de los vehículos, como pueden ser pilas y baterías o aparatos eléctricos y electrónicos. 

Un centro autorizado para el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil (CAT), que es una instalación, pública o privada, autorizada para realizar las operaciones de descontaminación y el resto de operaciones de tratamiento establecidas en el Real Decreto 265/2021. Una vez realiza la tramitación electrónica de la baja definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, entrega al titular del vehículo el certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental.

Es el justificante de la entrega y puesta a disposición del vehículo para su descontaminación y tratamiento que le entrega el CAT al titular del vehículo. La emisión del certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental da lugar a la obligación de descontaminación del vehículo al final de su vida útil en el plazo de treinta días naturales.

Según el Real Decreto 265/2021 los productores de automóviles, como responsables de la puesta en el mercado nacional de sus automóviles, están obligados a:

• Diseñar y fabricar los automóviles y los elementos que los integran de forma que se limite el uso de sustancias peligrosas, se facilite la reutilización, el desmontaje, la descontaminación, la preparación para la reutilización y la valorización de los automóviles al final de su vida útil y se favorezca la integración en los nuevos modelos de materiales y componentes reciclados.
• Utilizar normas de codificación de las piezas de los automóviles que permitan la adecuada identificación de los componentes que sean susceptibles de reutilización o valorización.
• Proporcionar a los gestores los automóviles al final de su vida útil de  información para el desmontaje que permita la identificación de los distintos componentes y la localización de sustancias peligrosas, así como su adecuado tratamiento.  
• Informar a los consumidores sobre los criterios de protección del medio ambiente tomados en consideración tanto en la fase de diseño y fabricación del vehículo como los adoptados para garantizar un correcto tratamiento ambiental al final de su vida útil.

Según el Real Decreto 265/2021los productores de automóviles, como responsables de la puesta en el mercado nacional de sus automóviles, están obligados a:

• Garantizar y, en su caso, financiar la adecuada recogida y tratamiento de los automóviles al final de su vida útil.
• Cuando el automóvil al final de su vida útil tenga un valor negativo de mercado, sufragar dicho coste o se hacerse cargo directamente del tratamiento del automóvil. 
• Garantizar la disponibilidad de instalaciones de recogida en todo el territorio nacional, por sí mismos o junto con otros agentes económicos.
• Los componentes y materiales previstos de serie o en la primera monta del automóvil quedan sometidos a la responsabilidad ampliada del productor del automóvil y no les serán de aplicación los regímenes de responsabilidad ampliada de los flujos específicos de residuos, con objeto de evitar su doble regulación y financiación.

Los productores de automóviles podrán dar cumplimiento de estas obligaciones de manera individual o colectiva, de conformidad con el título VI de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El titular de un vehículo, cuando lo deseche, queda obligado a acreditar que su destino final ha sido un CAT. La entrega del vehículo podrá realizarse directamente en el CAT o a través de una instalación de recepción. El vehículo al final de su vida útil tendrá la consideración de residuo a partir del momento en que se cumplan las dos condiciones siguientes: Que un CAT haya emitido el certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental del vehículo, y que el vehículo se halle en el recinto del CAT que ha emitido el certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental del vehículo.

Para los automóviles, dicha entrega no supondrá coste alguno para su titular cuando el automóvil al final de su vida útil carezca de valor de mercado o este sea negativo, siempre que contenga, al menos, la carrocería y el grupo motopropulsor, y que no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de componentes, partes o piezas

Los agentes económicos podrán organizar sistemas de recogida de los automóviles al final de su vida útil para su posterior descontaminación y correcta gestión ambiental.

Los ayuntamientos entregarán, sin coste alguno para ellos, los automóviles abandonados a un centro de tratamiento para su descontaminación y tratamiento, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Las instalaciones de recepción y los depósitos de vehículos al final de su vida útil de las administraciones públicas cumplirán los requisitos técnicos de almacenamiento exigidos en el anexo II.1. del Real Decreto 265/2021 sobre los vehículos al final de su vida útil.

El CAT en el que se vaya a descontaminar y tratar el vehículo, una vez haya recibido el vehículo en sus instalaciones y haya comprobado las características del mismo, realizará la tramitación electrónica de la baja definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, y emitirá el certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental, que entregará al titular del vehículo o en su caso a la instalación de recepción.

El certificado de destrucción o el certificado de tratamiento medioambiental, constituirá el justificante de la entrega y puesta a disposición del vehículo para su descontaminación y tratamiento.

En el caso de que el titular del vehículo entregue el vehículo en una instalación de recepción de vehículos, recibirá del titular de la misma el certificado de entrega, con indicación del CAT en el que se vaya a descontaminar y tratar el vehículo. La instalación de recepción dispondrá de un plazo de diez días naturales para la entrega del vehículo al CAT y para facilitar el certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental al titular del vehículo.

La emisión del certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental da lugar a la obligación de descontaminación del vehículo al final de su vida útil en el plazo de treinta días naturales.

• Modelo de Certificado de Destrucción o tratamiento ambiental

Los CAT deben disponer de la correspondiente autorización. En la Comunidad de Madrid esta autorización se solicita a través del trámite electrónico de la sede digital: autorización de gestión de vehículos al final de su vida útil.

Los vehículos al final de su vida útil, antes de ser sometidos a otro tratamiento posterior, se someterán en un CAT a las operaciones de tratamiento para la descontaminación establecidas en el anexo IV.1 del Real Decreto 265/2021. El CAT priorizará, cuando sea viable desde el punto de vista medioambiental, la preparación para la reutilización y destinará a gestor autorizado el resto de residuos procedente de la descontaminación para su tratamiento acorde al principio de jerarquía de residuos, establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2022.

Una vez descontaminado el vehículo el CAT realizará todas las operaciones que se mencionan a continuación:

1. Separarán los componentes, partes o piezas que se puedan preparar para la reutilización y las comercializarán como componentes, partes o piezas de segunda mano.
2. Realizarán las operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado, establecidas en el Anexo IV.2 del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, y entregarán a un gestor autorizado todos los materiales, piezas y componentes procedentes de estas operaciones de tratamiento, priorizando cuando sea viable desde el punto de vista medioambiental el reciclado frente a otras formas de valorización.
3. Remitirán, directamente o a través de gestor autorizado, el resto del vehículo, que no deberá incluir ningún material o elemento no perteneciente al mismo, así como los componentes, partes o piezas preparadas para su reutilización y posteriormente no comercializadas, a un gestor autorizado para su fragmentación.

Además, presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen. Esta memoria se presentará antes del 1 de marzo de cada año y se referirá a la gestión realizada el año anterior. Deberán hacer constar: 

• la cantidad de neumáticos entregados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento y los preparados para la reutilización y comercializados como neumáticos de segunda mano, indicando aquellos para los que no dispone del certificado previsto en el artículo 7.5 del Real Decreto 265/2021.
• la documentación acreditativa del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 8 relativos a los vehículos que traten, a través de su propia gestión y de los certificados de gestión proporcionados por los operadores a quienes entreguen los residuos para su tratamiento.

Las instalaciones de fragmentación son instalaciones autorizadas que, tras la descontaminación y tratamiento del vehículo al final de su vida útil en un CAT, realizan la trituración del mismo, y la segregación y clasificación de los distintos materiales y fracciones que lo componen, cada uno de los cuales se enviará al gestor correspondiente para su adecuado tratamiento debiendo priorizarse el reciclado, otras formas de valorización y en último caso la eliminación de dichos residuos.

Las instalaciones de posfragmentación son instalaciones autorizadas, integradas o no en una instalación de fragmentación, que realizan la segregación y clasificación de distintos materiales de una o varias fracciones resultantes del proceso de fragmentación.

Estas instalaciones deben disponer de la correspondiente autorización. En la Comunidad de Madrid esta autorización se solicita a través del trámite electrónico de la sede digital: autorización para la realización de actividades de gestión de residuos no peligrosos.

Además, presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen. Esta memoria se presentará antes del 1 de marzo de cada año y se referirá a la gestión realizada el año anterior.

Es un neumático que se ha convertido en residuo porque su poseedor lo ha desechado o tiene la intención de desecharlo. Se identifican con el código LER 16 01 03 según la Decisión 2014/955/UE. Se incluyen las siguientes categorías de neumáticos:

1. Moto, Scooter y Ciclomotor.
2. Turismo.
3. Camioneta, 4x4, Todo Terreno y SUV.
4. Camión y Autobús.
5. Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería y otros (excepto agrícola, obra pública e
   industrial).
6. Agrícola.
7. Obra Pública e Industrial.

Además de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la principal norma específica que regula la gestión de este tipo de residuos es el Real Decreto 712/2025, de neumáticos al final de su vida útil. Sus principales objetivos son:

• Regular la puesta en el mercado de neumáticos de reposición en relación con el impacto en la gestión de sus residuos.
• Establecer medidas destinadas a la prevención, producción y gestión de los neumáticos al final de su vida útil generados por el montaje de los neumáticos que fueron puestos en el mercado de reposición por sus productores.
• Prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
• Fomentar, por este orden, su reducción, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con el fin de avanzar hacia una economía más circular. 

la persona física o jurídica que, con objeto de ponerlos por primera vez en el mercado nacional de reposición y, con independencia del canal de comercialización que utilice y cualquiera que sea el contrato en virtud del cual lleve a cabo la distribución, realiza:

1. La fabricación en España de neumáticos nuevos o de neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas o procedentes de otros países de la Unión Europea, o;
2. La adquisición intracomunitaria o la importación, procedente de terceros países, de neumáticos nuevos, de neumáticos recauchutados o de neumáticos preparados para su reutilización como neumáticos de segunda mano.

Se incluye tanto a los productores que estén establecidos en el territorio nacional e introduzcan productos en el mercado nacional, como a los que lo estén en otro Estado miembro o tercer país y vendan neumáticos directamente mediante contratos a distancia.

También tienen la consideración de productor de neumáticos los CAT que preparen para la reutilización neumáticos, según el artículo 3.2 del Real Decreto 712/2015. 

Es el neumático que su productor pone por primera vez en el mercado para reemplazar a los neumáticos usados de los vehículos. 

En talleres u otras instalaciones en las que se realiza el cambio o sustitución de neumáticos usados, por neumáticos de reposición. 

También se producen en los centros para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT) en el marco de las operaciones propias del tratamiento que realizan. Estos neumáticos, una vez desmontados en el CAT, deberán ser gestionados de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 265/2021, sobre los vehículos al final de su vida útil.

Es la persona física o jurídica que, como consecuencia de su actividad empresarial o de cualquier otra actividad, genere neumáticos al final de su vida útil. Queda excluido de tal condición el usuario o propietario del vehículo que los utiliza, salvo que haya intervenido directamente en su generación.

Deben inscribirse en la sección correspondiente del Registro de Productores de Productos los siguientes agentes económicos:

• Los productores de neumáticos, o representantes autorizados, que operen en el mercado de neumáticos de reposición,
• Los CAT, para los neumáticos que preparan para la reutilización y comercializan como neumáticos de segunda mano, cuando no pueda garantizar y justificar el correcto tratamiento, por un gestor autorizado, de los neumáticos al final de su vida útil que se generen derivados del montaje de dichos neumáticos de segunda mano.

En el momento de la inscripción se le asignará un número de registro que habrá de constar en todas las transacciones comerciales de los neumáticos de reposición, desde su puesta inicial en el mercado hasta el usuario final. A estos efectos, el número de registro deberá figurar en la factura, o en el documento que la sustituya.

Toda la información en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Los productores de neumáticos están obligados a financiar y organizar, en todo el territorio nacional, la recogida y la valorización de todos los neumáticos al final de su vida útil generados por el montaje de los neumáticos que fueron puestos por él en el mercado nacional de reposición, cualquiera que haya sido la modalidad de venta. Deben garantizar que se recojan y gestionen todas las veces que resulte necesario, hasta su completa valorización, de conformidad con el principio de jerarquía de residuos establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2022.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, los productores pueden constituir sistemas individuales o sistemas colectivos de responsabilidad ampliada.

Con objeto de reducir la cantidad de residuos generados y los impactos adversos sobre el medio ambiente, los productores de neumáticos que a lo largo de un año natural pongan en el mercado nacional de reposición una cantidad neta superior a 250 toneladas, estarán obligados a elaborar y a aplicar un plan empresarial de prevención de residuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 712/2015. Estos planes se aplicarán a partir del año siguiente en el que se supere dicho umbral. 

Los productores de neumáticos deben alcanzar como mínimo los objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética que se establecen en el artículo 5 del Real Decreto 712/2015. Cumplirán con esta obligación a través de la constitución de los correspondientes sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

 El Real Decreto 712/2015 establece una serie de obligaciones de información que deben cumplir los productores de neumáticos:

• Remitir anualmente al Registro de Productores de Productos la información correspondiente a los neumáticos de reposición que hayan introducido en el mercado en cada año natural.
• Proporcionar al sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor en el que participe la información necesaria para que el sistema pueda dar cumplimiento a las obligaciones de información previstas en el real decreto, en concreto, el número de unidades y el peso de los neumáticos que para cada categoría de neumáticos ponen anualmente en el mercado nacional.
• Proporcionar a las administraciones competentes la información sobre el desarrollo de sus actividades, según se establece en el real decreto. 
• Incluir su número de inscripción en la sección de neumáticos del Registro de Productores de Productos, en las facturas de venta o documentos que las sustituyan, desde el momento en el que pone en el mercado neumáticos de reposición, y debiendo adoptar las medidas adecuadas para que dicho número figure en las siguientes transacciones que se lleven a cabo de dichos neumáticos hasta el usuario final. 

Los productores u otros poseedores de neumáticos al final de su vida útil deben asegurarse de que se gestionan adecuadamente mediante alguna de las siguientes opciones:

1. Su entrega a los gestores de residuos con los que tengan acuerdos, sin realizar ninguna operación de selección, clasificación previa y venta de los mismos.
2. En el caso de los neumáticos que no están amparados por la responsabilidad ampliada de su productor, encargar por su cuenta el tratamiento a un gestor autorizado, teniendo en cuenta el principio de jerarquía de residuos recogido en el artículo 8.1 de la Ley 7/2022. 

El almacenamiento de neumáticos al final de su vida útil se llevará a cabo en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad y en instalaciones que cumplan, como mínimo, las condiciones técnicas establecidas el anexo III del Real Decreto 712/2015. Este almacenamiento no podrá superar el plazo de dos años.

La recogida de los neumáticos al final de su vida útil que haya sido realizada por los servicios públicos en el ejercicio de sus obligaciones, tales como puntos limpios donde se almacenen temporalmente hasta el momento de su entrega a un gestor de neumáticos al final de su vida útil autorizado, se llevará a cabo en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes convenios que se formalicen entre las autoridades ambientales autonómicas o entidades locales competentes y los gestores autorizados o los sistemas de responsabilidad ampliada.

Dichas instalaciones deberán disponer de áreas adecuadamente equipadas para la recogida y almacenamiento de estos neumáticos al final de su vida útil, debiendo cumplir aquellos apartados que les sean de aplicación entre los establecidos en el anexo III del Real Decreto 712/2015.

Los traslados de neumáticos al final de su vida útil en el interior del territorio del Estado se rigen por lo dispuesto en los artículo 31 de la Ley 7/2022, y en lo que sea de aplicación, por el Real Decreto 553/2020. Para más información sobre estos temas, consulta Traslado de residuos industriales y comerciales.

Los agentes, negociantes y las entidades o empresas que transporten neumáticos al final de su vida útil con carácter profesional están sometidos al régimen de comunicación previa previsto en el artículo 35 de la Ley 7/2022, debiendo quedar inscritas en el Registro de producción y gestión de residuos.

Las instalaciones de tratamiento de NFVU deben disponer de la correspondiente autorización. En la Comunidad de Madrid esta autorización se solicita a través del trámite electrónico de la sede digital: autorización para la realización de actividades de gestión de residuos no peligrosos. 

El almacenamiento de neumáticos al final de su vida útil se llevará a cabo en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad y en instalaciones que cumplan, como mínimo, las condiciones técnicas establecidas en el anexo III del Real Decreto 712/2015. 

La cantidad almacenada no excederá de la estipulada en la autorización de la instalación y, en caso de que no se haya definido, no excederá de la mitad de la capacidad anual autorizada de tratamiento y estará condicionada a la garantía del cumplimiento de las citadas condiciones técnicas.

Además, presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen. Esta memoria se presentará antes del 1 de marzo de cada año y se referirá a la gestión realizada el año anterior. Adicionalmente, tendrán que cumplir con las obligaciones de información de los productores de neumáticos de los artículos 7 y 8 del Real Decreto 712/2015.

Los neumáticos obtenidos tras haber sometido al NFVU a las operaciones de preparación para la reutilización efectuadas por un gestor autorizado se pueden comercializar como neumáticos de segunda mano.

Los comercializadores de neumáticos de segunda mano deberán:

• Cumplir con las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor de neumáticos que le sean de aplicación según el Real Decreto 712/2015.
• Entregar al consumidor o al instalador del neumático, en el momento de la venta, una copia del documento de inspección y verificación del neumático según la norma UNE 69051 con el que el gestor certifica que dicho neumático ha superado los controles establecidos y cumple con las condiciones para ser considerado como neumático de segunda mano. Este documento puede incluirse en la factura y se entregará preferiblemente en formato electrónico cuando los clientes sean personas físicas, y, en todo caso, cuando se trate de personas jurídicas. Los soportes tipo QR o similares que incluyan la información requerida también podrán ser válidos para personas físicas o jurídicas.